El arrendamiento de 80 autobuses por 662 millones de pesos, las diferencias económicas entre las ofertas de proveedores y posibles conflictos de interés marcaron la primera comparecencia de Édgar Orlando Ángeles Pérez, oficial mayor del Gobierno de Hidalgo, ante el Congreso local.
Durante la revisión del cuarto informe del gobernador Julio Menchaca Salazar, legisladores de distintas fuerzas políticas solicitaron explicaciones sobre el manejo de los recursos públicos, la adjudicación de contratos, el patrimonio inmobiliario y los gastos de operación del gobierno estatal.
Uno de los temas que generó mayores cuestionamientos fue la contratación de las nuevas unidades del Tuzobús.
¿Por qué eligieron la oferta más cara para el Tuzobús?
La diputada Johana Montcerrat Hernández Pérez, del PRI, cuestionó las diferencias entre las propuestas económicas de las empresas participantes en la licitación para arrendar 80 unidades del sistema de transporte masivo.
El oficial mayor confirmó que se recibieron tres ofertas, por 662, 625 y 431 millones de pesos.
Es decir, la propuesta seleccionada superó por 231 millones de pesos a la más económica.
Ángeles Pérez justificó la decisión al señalar que las dos empresas con las ofertas más bajas fueron descartadas por incumplimientos técnicos y, en uno de los casos, por una sanción previa de la Secretaría de la Función Pública.
Explicó que las especificaciones fueron establecidas por el Sistema Integrado de Transporte Masivo de Hidalgo (SITMA), considerando la compatibilidad de los autobuses con las 36 estaciones existentes.
El contrato tiene una duración de 26 meses e incluye mantenimiento preventivo y correctivo, seguros, refacciones, llantas y reparaciones.
Según el funcionario, comprar las unidades habría representado un gasto de 792 millones de pesos, por lo que defendió el arrendamiento como una alternativa financieramente más conveniente.
No obstante, los cuestionamientos legislativos también incluyeron solicitudes de información sobre los estudios técnicos y financieros, los pagos realizados y los documentos que acreditan la recepción de las unidades.
Cuestionan posibles conflictos de interés en contrataciones
Durante el ejercicio de participación ciudadana también surgieron preguntas sobre empresas proveedoras que presuntamente mantienen vínculos con personas con las que el oficial mayor trabajó anteriormente.
Uno de los señalamientos se relacionó con la compra de un departamento a una empresa vinculada con una persona de su anterior entorno laboral y que ha tenido contratos con el Gobierno de Hidalgo.
Ángeles Pérez respondió que el inmueble está incluido en su declaración patrimonial y aseguró que las decisiones sobre contrataciones no dependen exclusivamente de él, sino de un Comité de Adquisiciones integrado por representantes de seis instancias gubernamentales.
Asimismo, fue cuestionado sobre una investigación de la Secretaría de la Contraloría relacionada con su declaración patrimonial.
El funcionario afirmó que hasta ese momento no había recibido notificación de alguna resolución, sin precisar si el procedimiento había concluido o continuaba abierto.
Más de 74 millones de pesos en contratos sancionados y cancelados
Como parte de los resultados de su gestión, la Oficialía Mayor reportó penalizaciones a 35 contratos por 5 millones 819 mil pesos, además de la rescisión de seis contratos por un monto de 68 millones de pesos.
De acuerdo con el funcionario, estas acciones permitieron prevenir posibles afectaciones a las finanzas estatales superiores a 74 millones de pesos.
Sin embargo, ante preguntas de las diputadas, aclaró que no toda esa cantidad ingresó efectivamente a las arcas públicas.
Precisó que alrededor de 5 millones de pesos corresponden a penalizaciones cobradas, mientras que el monto restante representa pagos que el gobierno evitó realizar al cancelar contratos incumplidos.
También destacó que, entre enero y septiembre de 2026, se adjudicaron 310 de 313 contratos mediante licitación pública nacional, por aproximadamente 2 mil 500 millones de pesos.
Recuperan 436 inmuebles valuados en mil 300 millones de pesos
Otro de los resultados presentados fue la recuperación y regularización de 436 inmuebles que, de acuerdo con la Oficialía Mayor, representan un valor cercano a mil 300 millones de pesos.
Entre ellos se encuentran 184 hectáreas valuadas en aproximadamente 400 millones de pesos que no contaban con escrituras, así como propiedades destinadas a proyectos sociales y al funcionamiento de dependencias gubernamentales.
El funcionario aseguró que los bienes recuperados ya se encuentran regularizados e incorporados a la cuenta pública.
También informó que la administración estatal ha destinado 16 inmuebles a proyectos relacionados con los programas Bancos del Bienestar y Vivienda para el Bienestar.
Gobierno de Hidalgo enfrenta presión por jubilaciones
La situación financiera del sistema de pensiones también formó parte de la comparecencia.
Ángeles Pérez informó que alrededor de 800 trabajadores permanecen pendientes de jubilarse, mientras que cerca de mil han obtenido su jubilación durante la actual administración.
Explicó que el presupuesto destinado a estas obligaciones pasó de 200 millones de pesos en 2022 a 700 millones actualmente.
Las proyecciones presentadas apuntan a que este gasto podría alcanzar los mil millones de pesos al concluir la administración estatal y aproximadamente mil 300 millones en 2034.
Además, anunció que se presentará al Congreso una propuesta presupuestal para incrementar las pensiones en 2027.
Estacionamiento del Estadio Hidalgo deja 3.4 millones de pesos
El oficial mayor también defendió la decisión del Gobierno de Hidalgo de asumir directamente la operación del estacionamiento del Estadio Hidalgo, anteriormente arrendado a la Cámara Nacional de Comercio (Canaco).
Explicó que, bajo el esquema anterior, el gobierno recibía pagos anuales de entre 115 mil y 204 mil pesos, dependiendo del periodo.
En contraste, aseguró que mediante la operación directa se recaudaron 3.4 millones de pesos durante un año por el cobro de estacionamiento en los partidos del Club Pachuca.
No obstante, la cifra presentada corresponde a recaudación, sin que se precisara en ese intercambio el monto neto después de cubrir los gastos de operación.
La comparecencia, realizada por primera vez por un titular de la Oficialía Mayor ante el Congreso de Hidalgo, concluyó con compromisos de entregar información adicional sobre contrataciones, maquinaria, mantenimiento de inmuebles y diversos procedimientos administrativos que fueron cuestionados por los legisladores.
